DE LAS JUNTAS VECINALES

Este organismo, como todo el mundo sabe, es la entidad de gobierno que ocupa el último puesto de todos los estamentos de la administración, por lo que algunos también las llaman entidades menores o pedanías.

Esta ínfima calificación no aminora la vital importancia que siempre han tenido en los lugares más apropiados para actuar, que son los pueblos más pequeños. Desde tiempos inmemoriales han sabido custodiar de manera muy efectiva y duradera los pocos o muchos bienes que pertenece a todos los habitantes del núcleo que las componen.
Según muchos historiadores estas juntas fueron los primeros asentamientos urbanos en que nació la verdadera democracia ejercida libremente: en sus concejos abiertos.

Todavía perdura en algunos pueblos el rústico poyo donde se sentaba el presidente rodeado de todos los vecinos, y se deliberaban los problemas que concernían a la vida diaria de todo el pueblo.

Como sucede actualmente, pasaba entonces y casi nunca coincidían los pareceres. Era en esos momentos cuando se imponía la auténtica democracia, pues el voto de cualquiera de los vecinos valía lo mismo que el que tocaba presidir la reunión.
La mayoría simple era respetada por todos, y aunque la diferencia fuera de un solo voto se daba por buena su opción, que era apoyada por todos incondicionalmente.
Este método de gobierno, tan sencillo y efectivo a la vez, es el que contribuyó a que los pueblos prosperaran, administrando sus bienes según el criterio de la experiencia adquirida con el paso de los años.
Otra particularidad que tienen estas entidades es que se han valido siempre con sus propios medios, pues en mis años de pedáneo solo se requería la ayuda del secretario del ayuntamiento para hacer los presupuestos.
A pesar del nulo gasto que estas entidades representan para el Estado, se está montando una campaña a nivel nacional sobre que estas entidades deben desaparecer.
En Castilla y León, por su dispersión geográfica, es donde más juntas hay y se mantienen la opinión contraria en apoyo de las juntas. Se dan cuenta que dada la imparable despoblación de los pueblos sería la puntilla para muchos si se les quitara esta pequeña capacidad de administrar sus escasos recursos.

Como en toda polémica hay opiniones para todos los gustos. Unos dicen que si el Gobierno quiere quitar las juntas vecinales es por cumplir la obligación que le ha impuesto La Unión Europea de suprimir administraciones.
Ya es recochineo que las únicas entidades que no cuestan nada al Estado sean las que se presenten ante Europa como chivos expiatorios para contentarles, jactándose de haber suprimido tres mil y pico entidades, que coinciden con el número de juntas que existen actualmente.
Un embrollo más que el Gobierno quiere hacer tragar a Europa, pero está ya escamada de otras ocasiones y no tardará en darse cuenta de que estas tres mil entidades no contribuyen en nada para el adelgazamiento del Estado. En cambio persisten los cuantiosos gastos que las autonomías, diputaciones y ayuntamientos representan a las arcas del Estado, y que están ahogando las pocas probabilidades de salir de esta crisis.

 Según parece, la historia se repite, aunque en esta ocasión no haga falta traer de Inglaterra a ningún Mendizábal, que en aquel caso suprimió a las congregaciones religiosas para quedarse con sus bienes.
Qué gran paradoja se da en el caso actual, siendo el propio Estado el que quiere quedarse con los bienes que algunas juntas vecinales tienen, sin importarle el despoblamiento total de amplias zonas de España.
La teoría que hasta ahora ha seguido el Estado de ser fuerte con los débiles y suave con los poderosos puede fallarle, pues muchos débiles pueden ser fuertes defendiendo sus propiedades.

Conservemos lo poco que nos queda para que estos pueblos se mantengan lo más posible